La CEOE pide poder prolongar los ERTEs y nuevas medidas laborales para hacer frente al Covid-19
Prolongar los ERTEs, articular nuevas medidas y limitar el alcance del compromiso del mantenimiento del empleo y los efectos de su posible incumplimiento son algunas de las medidas que ha pedido la CEOE para hacer frente a la situación derivada del Covid-19.
CEOE ha elaborado, en colaboración con Deloitte y ESADE, un documento en el que se identifican un conjunto de medidas de corto, medio y largo plazo para afrontar la recuperación de la economía española tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y para sentar las bases de un nuevo modelo económico en favor de la competitividad del país y del bienestar de toda la sociedad.
A corto plazo, alertan desde la CEOE, la pérdida en términos humanos, sociales y económicos es irreversible y el proceso de vuelta a la normalidad no va a ser sencillo, ni rápido, y será desigual entre unos sectores y otros.
Previsiones económicas
En un escenario central en el que se supera la pandemia en el tercer trimestre del año y se recupera la normalidad en términos de movilidad en la segunda mitad del mismo año, el informe prevé que el PIB español caiga un 8% este año, en línea con los pronósticos del FMI, el Banco de España o el Programa de Estabilidad 2020-2021 presentado por el Gobierno.
Por el contrario, si las medidas de contención y distanciamiento, aplicadas en la primera fase de la crisis, se prolongasen a la segunda mitad del año por la posibilidad de algún rebrote, resultaría una caída de la actividad económica en España en 2020 de cuatro puntos porcentuales adicionales, llevando el retroceso hasta el 12%.
Este escenario podría agravarse si no hay una acción temprana, coordinada y contundente tanto en el frente sanitario como en el económico. En este sentido, el informe considera necesario apuntalar la vía europea y la nacional.
De un lado, la reacción de la UE para mitigar los efectos económicos del virus ha sido más ambiciosa y rápida que en ocasiones pasadas. A futuro, será importante la concreción de algunos aspectos de los programas comprometidos.
A nivel nacional, la clave será la simplificación de los trámites para la concesión de las ayudas para dotar de liquidez a las empresas, la ampliación de su alcance en determinados casos y la adopción de medidas que permitan la adaptación a la recuperación gradual de la actividad, colocando a las personas en el centro de todo este proceso.
Por ello, el Gobierno deberá también extender la vigencia de las medidas ya aprobadas y poner en marcha otras como las sugeridas en este análisis y mantenerlas mientras sea necesario para infligir el menor daño posible al crecimiento y recuperación de la economía española.
En este sentido, se hace un llamamiento a apoyar a sectores especialmente golpeados por el virus, como el turismo, hostelería, industria, consumo, transporte, salud, cultura y entretenimiento.
Medidas a corto, medio y largo plazo
Dentro de la propuesta concreta para afrontar el futuro tras el COVID-19, se plantean una serie de medidas defensivas, para salvaguardar fundamentalmente el tejido productivo y evitar que nadie se quede atrás en el corto plazo; y otras más de medio y largo plazo enfocadas a preparar el camino para ganar competitividad.
En primer lugar, el objetivo es retomar la actividad ordinaria de una forma segura para evitar, en caso de nuevos rebrotes del virus, nuevos confinamientos que tendrían un grave impacto en la actividad económica.
Para ello, se propone incrementar la capacidad de diagnóstico mediante test y la trazabilidad de los contagiados.
Por otra parte, se debe autorizar a las empresas privadas para que puedan hacer test a su personal según sus necesidades y definir un plan para las restricciones a la movilidad, ante la probabilidad de nuevos crecimientos en la curva de contagios, delimitado, flexible y estructurado por etapas a las que correspondan diferentes intensidades y formatos de aislamiento.
La gestión de este plan debería hacerse teniendo en cuenta especialmente a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos y a las Organizaciones Empresariales, que son los que mejor conocen la realidad de sus territorios.
Al mismo tiempo, es necesario agilizar la llegada de liquidez a las empresas que sufren una reducción de los ingresos por la falta de actividad y el hecho de tener que seguir afrontando gran parte de sus costes. En este sentido, también se plantea la necesidad de ampliar el alcance de las medidas tributarias y de cotizaciones sociales adoptadas.
Medidas en el plano laboral
En el ámbito laboral, desde la CEOE consideran fundamental suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en ERTEs y reducir las cuotas sociales para aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo en condiciones y plazos claramente delimitados.
Otras medidas para poder acompasar los costes con la recuperación de la actividad y la demanda, reduciendo rigideces, serían prolongar las medidas excepcionales en materia de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada y articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las compañías a la paulatina recuperación de la actividad, limitando el alcance del compromiso del mantenimiento del empleo y los efectos de su posible incumplimiento.
Pymes y autónomos
Junto a todas estas medidas, el informe apuesta por preservar el tejido de pymes y autónomos, que suponen una parte mayoritaria del tejido productivo y son, en cambio, más vulnerables a episodios como el actual.
En este sentido, se plantea la necesidad de “hibernar” las salidas de caja gracias a medidas específicas en las áreas fiscal/tributaria (diferir pago de impuestos y autoliquidaciones), y laboral/social (retraso en el ingreso de cotizaciones); así como aquellas orientadas a acelerar las entradas de caja (agilizar los pagos de las administraciones públicas), y aumentar la resiliencia ante eventos similares en el futuro (fomento de la digitalización).
Para asegurar que no dejamos a ningún colectivo atrás, a futuro será necesario desarrollar programas específicos para la protección y el refuerzo después de la crisis de mayores, afectados por la COVID-19 y personal sanitario; incentivar la oferta de vivienda en alquiler para favorecer la movilidad geográfica y la empleabilidad de las personas; y en el caso de establecer ayudas a rentas, estas deberían ser eficientes, transitorias, y enfocadas a la reempleabilidad de sus beneficiarios.
