El Ministerio de Hacienda fija como prioridad adecuar la fiscalidad a los retos y a la economía del siglo XXI y luchar contra el fraude fiscal
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareció la semana pasada en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su departamento para la legislatura. En su comparecencia, la titular de Hacienda ha fijado las prioridades en política presupuestaria, fiscal y de financiación de las entidades territoriales.
Montero resaltó que todas estas áreas están orientadas a hacer compatible “un crecimiento económico sostenible e inclusivo con una ambiciosa agenda social” que permita “restaurar derechos, fortalecer el Estado del bienestar, combatir las desigualdades y recuperar cohesión social y territorial”.
Presupuestos de 2020
Para lograr estos objetivos, la ministra destacó la importancia de aprobar los Presupuestos de 2020 y ha expuesto la necesidad de avanzar en una fiscalidad adaptada a la realidad económica, tecnológica y social del siglo XXI. También ha remarcado la voluntad del Gobierno de consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica y local para mejorar la vertebración territorial y garantizar la igualdad de los españoles independientemente del lugar donde residan.
La ministra explicó que el “objetivo prioritario” de su departamento es aprobar los Presupuestos Generales del Estado 2020 para poner fin a la situación inédita de doble prórroga presupuestaria. Montero ha explicado que las señas de identidad de esas cuentas públicas serán la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad. Todo ello, como ha recordado la ministra, respetando los compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público de la UE.
La ministra avanzóque los Presupuestos apostarán por un modelo de crecimiento basado en la inversión en I+D+i y en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias tan sensibles como la dependencia. “Vamos a combatir con recursos la pobreza infantil y vamos a favorecer el acceso a una vivienda digna, sin olvidarnos de reforzar una sanidad y educación pública de calidad y al alcance de todos”, ha destacado.
El compromiso del Gobierno en la lucha contra la desigualdad también se reflejará en los PGE mediante un mayor énfasis en los programas destinados a eliminar la brecha salarial o en políticas que avancen en la conciliación laboral y familiar y en recursos para combatir la violencia de género.
En este sentido, la titular de Hacienda resaltó que, por primera vez, las cuentas públicas incorporarán un informe orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, otro al impacto de género y un tercero a las políticas de infancia, juventud y familia.
Modernizar la fiscalidad
Otro de los ejes fundamentales del departamento es abordar la modernización del sistema fiscal para adecuarlo a las nuevas áreas de negocio en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado.
En esta línea se enmarcan el Impuesto a Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, aprobados en el Consejo de Ministros en línea con las propuestas de la Comisión Europea.
Montero señaló que se avanzará en la progresividad del sistema tributario para que “aporte más quien más tiene y reciba más quien más lo necesita”. La ministra aseguró que no se subirán los impuestos a las clases medias y trabajadoras, ni a las pymes ni a los autónomos.
Entre las medidas fiscales expuestas se encuentra fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades (18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos) para las compañías con una facturación superior a los 20 millones de euros.
Por su parte, se reducirá el gravamen del 25% al 23% a las pymes con una cifra de negocios inferior al millón de euros. También se establecerá una deducción del 10% para aquellas empresas cuyos consejos de administración sean paritarios.
En el IRPF se incrementarán los tipos dos puntos para las rentas superiores a los 130.000 euros y cuatro puntos a aquellas que superen los 300.000 euros. Una medida que sólo afectará al 0,4% de los contribuyentes. Por su parte, se incrementará en cuatro puntos el gravamen de las rentas del capital superiores a 140.000 euros, lo que afectará al 0,1% de los contribuyentes con más poder adquisitivo.
Lucha contra el fraude fiscal
La titular de Hacienda también ha fijado como una de las prioridades del Gobierno la lucha contra el fraude fiscal. El compromiso del Ejecutivo para combatir esas prácticas irregulares se refleja en una batería de medidas que se incorporarán en la ley de lucha contra el fraude y que incluyen, entre otras cuestiones, la reducción de los pagos en efectivo a 1.000 euros, la prohibición por ley de las amnistías fiscales o disminuir a 600.000 euros el importe de la deuda para ser incluido en la lista de morosos.
Durante su intervención, la ministra destacó el gran trabajo de los profesionales de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude y adelantó que, según datos preliminares y consolidados, en 2019 se registró una recaudación récord en la lucha contra el fraude de 15.700 millones, un 4,1% más que el ejercicio anterior.
Además, la Agencia Tributaria promoverá el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de nuevos servicios que faciliten la relación entre el organismo tributario y el contribuyente. En concreto, Montero anunció que se implementará un borrador de IVA y otro para la puesta a disposición de los datos fiscales en el Impuesto de Sociedades.
