20 Jul
FAQs fiscales 2021

¿En qué consiste la modificación del impuesto de salida o ‘’exit tax’’?

Una de las medidas de la Ley de lucha contra el fraude fiscal es la modificación del impuesto de salida (exit tax). Pero ¿en qué consiste exactamente la modificación?

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2021, el artículo 2.3 de Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, introduce novedades en la “Determinación de la base imponible” del TRLIRNR.

Estas novedades tienen por objeto modificar el impuesto de salida o ‘’exit tax’’.

La particularidad contenida en la normativa del Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR) es que se venía exigiendo el “impuesto de salida” en el supuesto del traslado de activos al extranjero desde un establecimiento permanente situado en territorio español.

Como consecuencia de la transposición de la Directiva 2016/1164 resulta necesario introducir en la norma española un nuevo supuesto previsto de generación de un impuesto de salida para el caso de que se produzca un traslado, no de un elemento aislado, sino de «la actividad» realizada por el establecimiento permanente.

Por otra parte, establece, asimismo, determinadas normas complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento.

En concreto se indica que el ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del impuesto correspondiente al período impositivo en el que tenga lugar la transferencia de activos al extranjero desde un establecimiento permanente situado en territorio español, o en la declaración del impuesto correspondiente al período impositivo concluido con ocasión del traslado de actividad realizada por el establecimiento permanente, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo.

El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, se producirá de forma sucesiva, transcurrido un año desde la finalización del plazo voluntario de declaración.

Asimismo, se recogen, en lo relativo a este fraccionamiento, especialidades en materia de constitución de garantías.

Pérdida de vigencia del fraccionamiento

El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:

a) Cuando los elementos patrimoniales afectados, sean objeto de transmisión a terceros.

b) Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados.

c) Cuando la actividad realizada por el establecimiento permanente se traslade con posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados.

d) Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un procedimiento de ejecución colectiva como concurso, o cualquier procedimiento equivalente.

e) Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso previsto en el fraccionamiento.

Asimismo, se prevé la posibilidad de que en caso de que se trate de una transmisión o traslado parcial de los elementos patrimoniales, el fraccionamiento perderá su vigencia únicamente respecto de la parte proporcional de la deuda tributaria correspondiente a la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor fiscal de dichos elementos, cuando el contribuyente pruebe que dicha transmisión o traslado afecta solo a alguno o
algunos de los elementos patrimoniales.

Esta normativa desarrolla la forma en que, en caso de pérdida de vigencia del fraccionamiento, debe ingresarse la deuda y las consecuencias de la falta de ingreso de la misma

Por otra parte, se introduce la previsión de la Directiva de que cuando el traslado de activos haya sido objeto de una imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea el valor determinado por ese Estado miembro será aceptado como valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

Por último, se incorpora a la normativa española un supuesto especial al que no será de aplicación lo dispuesto respecto del fraccionamiento:

Se trata del caso de que se transfieran elementos patrimoniales que estén relacionados con la financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben volver a territorio español para afectarse en el plazo máximo de un año

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