De esta forma, el Parlamento Europeo ha puesto punto final a un proceso legislativo que coleaba desde hacía cinco años a causa de las reticencias de algunos gobiernos.

De conformidad con la nueva legislación, las multinacionales y sus filiales con actividad en más de un Estado miembro y cuya facturación anual supere los 750 millones de euros estarán obligadas a publicar los impuestos que abonan en cada país de la UE. Esta información se publicará también en internet, con una plantilla común y en un formato apto para lectura automática.

Según el acuerdo respaldado por los eurodiputados, para facilitar el uso de esa información y mejorar la transparencia, los datos se desglosarán en categorías específicas, como el tipo de actividad de la empresa, el número de empleados a tiempo completo, los beneficios o las pérdidas antes del impuesto de sociedades, el importe tributario devengado y abonado y las ganancias acumuladas.

Coto a los abusos por parte de las empresas

Las filiales y sucursales que no alcancen el umbral mínimo de facturación deberán publicar su información tributaria si se considera que fueron constituidas con el único fin de eludir los nuevos requisitos de transparencia.

Las multinacionales pueden obtener una exención temporal de las obligaciones de publicación tan solo en unos supuestos muy limitados.

Alcance más allá de las fronteras de la UE

De conformidad con la propuesta legislativa, los informes de transparencia fiscal se aplicarán también más allá de las fronteras de la Unión, en concreto a la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

Si bien el Parlamento Europeo habría preferido disposiciones más estrictas para evitar la salida de beneficios con destino a paraísos fiscales fuera de la UE, las nuevas normas servirán para sacar a la luz la pérdida de recaudación en beneficio de esos territorios.

En enero de 2021, la Comisión advirtió que seis de los veinte principales paraísos fiscales están en la UE y que dos Estados miembros se encuentran entre los cinco primeros. Un estudio del director del Observatorio Fiscal de la UE concluyó que aproximadamente el 80% de los beneficios trasladados en la UE va a parar a paraísos fiscales de la Unión.

Trasposición en un plazo de 18 meses

La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Los Estados miembros tendrán que transponerla a su legislación nacional en el plazo de dieciocho meses. Por consiguiente, las empresas deberán aplicar las primeras normas de la directiva a mediados de 2024.

El texto prevé la revisión de las reglas al cabo de cuatro años y su prórroga tras una evaluación.