COVID-19: la UE aprueba ayudas temporales para mitigar los riesgos de desempleo (SURE)
El Consejo Europeo aprueba ayudas temporales para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE)
Como parte de su paquete de ayuda de emergencia para hacer frente a las repercusiones económicas de la crisis de la COVID-19, la UE ha instituido un instrumento temporal para ayudar a los trabajadores a conservar sus puestos de trabajo durante la crisis.
Mecanismo temporal SURE
El Consejo aprobó ayer, 20 de mayo, un mecanismo temporal denominado SURE capaz de ofrecer hasta 100.000 millones de euros en préstamos en condiciones favorables a los Estados miembros.
Este instrumento permite a los Estados miembros solicitar asistencia financiera de la UE para hacer frente a los incrementos repentinos y graves del gasto público nacional que se hayan producido desde el 1 de febrero de 2020 en relación con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares adoptados a escala nacional, también en el caso de los trabajadores por cuenta propia, o en relación con ciertas medidas sanitarias adoptadas en respuesta a la crisis, en particular en el lugar de trabajo.
SURE es una de las tres redes de seguridad —por un importe global de 540 000 millones de euros— recogidas en el informe acordado por el Eurogrupo el 9 de abril de 2020, y destinadas a la protección de los trabajadores y el empleo, las empresas y los Estados miembros.
Los dirigentes de la UE refrendaron el acuerdo el 23 de abril y pidieron que el conjunto de las medidas estuviera en marcha a más tardar el 1 de junio de 2020.
Funcionamiento de SURE
Aunque todos los Estados miembros podrán hacer uso del instrumento, SURE actuará como una red de seguridad especialmente importante para los trabajadores de las economías más gravemente afectadas.
Desde el punto de vista formal, la asistencia financiera se concederá por decisión del Consejo, a propuesta de la Comisión.
SURE estará disponible una vez que todos los Estados miembros hayan aportado sus garantías y permanecerá operativo hasta el 31 de diciembre de 2022.
A propuesta de la Comisión, el Consejo podrá decidir prorrogar la vigencia de este instrumento por periodos sucesivos de seis meses si persisten las graves perturbaciones económicas causadas por el brote de COVID-19
