Derechos laborales de trabajadores en plataformas digitales

Díaz ha destacado que la gobernanza compartida de la tecnología que promueve en España la conocida como «Ley Rider» (RDLey 9/2021, de 11 de mayo) ha conseguido otorgar seguridad jurídica adaptando el derecho del trabajo al siglo XXI. Lo hace blindando el carácter laboral del trabajo en plataformas de distribución y estableciendo un nuevo derecho a la información algorítmica para las personas trabajadoras.

“Así se confirma un derecho de representación universal, que se refiere a todo tipo de empresas, sean o no plataformas”, ha destacado la ministra.

Reunión trilateral

Estas cuestiones neurálgicas se han debatido también en la reunión trilateral que Díaz ha mantenido con su homólogo italiano, Andrea Orlando, y con el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión Europea (UE), Nicolas Schmit, con quienes ha analizado la propuesta de Directiva de trabajo de plataformas presentada por la Comisión Europea.

Es un texto, ha subrayado Díaz, que está “a la altura del desafío: establecer estándares elevados de protección de los derechos laborales para las plataformas digitales en toda Europa”.

La vicepresidenta ha defendido que la Directiva sea lo más ambiciosa posible, que profundice en la garantía de transparencia y en proteger la presunción de laboralidad, pero también ha insistido en que se tiene que trabajar para que las personas trabajadoras no asuman la carga de la prueba de la laboralidad.

Díaz ha insistido en la necesidad de que la tecnología esté al servicio de las personas y de una transparencia algorítmica que redunde en el bien común, en políticas laborales que promuevan salarios dignos e igualdad real entre las personas sin descuidar la prevención de riesgos laborales.

En ese sentido ha exigido dar nueva orientación al desarrollo tecnológico para dé solución a las cuestiones sociales y medioambientales más acuciantes de nuestra época, desde la crisis climática, pasando por una transición energética justa o los desafíos de la sanidad pública.

”Es nuestra responsabilidad, como poderes públicos, impulsar un modelo de Estado emprendedor que innove y ponga la transformación tecnológica al servicio de las personas trabajadoras”, ha subrayado la ministra, quien ha abogado por una digitalización con derechos, que conciba la inteligencia artificial como un bien público, proteja a las personas trabajadoras, amplíe los derechos laborales y, en resumen, ensanche la democracia.

Más inspecciones

La ministra de Trabajo y su homólogo italiano han firmado además una Declaración de Intenciones entre las Inspecciones de Trabajo de España y de Italia para reforzar la cooperación bilateral en esta área.

El objetivo de esta declaración es no solo promover el trabajo decente, proteger mejor los derechos de las personas trabajadoras y favorecer la competencia libre entre empresas, sino también incrementar la cooperación bilateral en la lucha contra irregularidades transfronterizas, incluyendo la posibilidad de desarrollar investigaciones coordinadas sobre empresas cuyas sedes legales, unidades operativas, plataformas tecnológicas o actividades laborales se desarrollen o tengan alguna relevancia en los territorios nacionales.

La puesta en marcha y seguimiento de la Declaración firmada corresponde, por parte de España, al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OITSS), y por parte de Italia, a la Inspección Nacional del Trabajo de la República de Italia.