Empleo fijará el coste de la formación en las empresas para evitar fraudes
Empleo fijará el coste de la formación en las empresas para evitar fraudes. El proyecto de Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, que el Gobierno ha enviado a los agentes sociales confiere al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la obligación de fijar módulos específicos para determinar el coste por participante y hora de la formación que sea objeto de financiación pública.
Estos módulos económicos serán específicos para las distintas especialidades formativas, «previo estudio de su adecuación a los precios de mercado», y serán objeto de actualización periódica. La medida se justifica tanto para desarrollar un régimen de concesión y justificación de las subvenciones que permita evitar al máximo los fraudes, como para garantizar la calidad de la formación».
El texto del Real Decreto, explica en su exposición de motivos que «los agentes sociales dejan de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación como lo hacían hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparte formación profesional y desarrollarán esta tarea en un entorno más competitivo.
Junto a la separación de los sindicatos y las patronales de la gestión de la formación, hay otros ejes vertebradores de la reforma. Para empezar, el diseño de un sistema de formación «que garantice la coherencia y coordinación entre todas las Administraciones competentes» con una normativa y un sistema de información comunes. Ello implica también la unidad financiera del sistema y de su régimen económico «que garantiza el principio de unidad de caja de la cuota para la formación profesional».
Además, se establece la transformación de los órganos de gobierno del sistema y, en particular de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
En tercer lugar, la elaboración, con la participación de los interlocutores sociales, «de un escenario estratégico plurianual, referente de la programación de toda la formación que se imparte en el sistema. Por último, la concurrencia competitiva «abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos», para la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de todas las Administraciones Públicas».
El Real Decreto-Ley abre también la formación a los parados y en esta línea establece la creación de un «cheque-formación» para los trabajadores desempleados que se instrumentará a través de los servicios públicos de empleo de acuerdo con su perfil profesional. Se trata de una herramienta novedosa «que permitirá la libertad de elección entre las entidades adheridas a los dispositivos específicos que se desarrollen para su seguimiento».
Ampliación de sanciones
Además, la implantación de un sistema integrado de formación permitirá desarrollar tres instrumentos clave de difusión, garantía de calidad y transparencia: la Cuenta de la Formación, «que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional»; el Catálogo de Especialidades Formativas, que será referente común de toda la oferta formativa que se programe» y el Registro Estatal de Entidades de Formación, que será público y al que se incorporarán los resultados de las auditorías o controles que se realicen a estas entidades.
Otro principio fundamental de la reforma es la tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de la formación para el empleo. Para ello, el artículo 18 del Real Decreto faculta la creación de una Unidad Especial de Inspección contra el fraude en la formación dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Esta nueva Unidad desarrollará anualmente un programa de inspección «de acuerdo con la información que le sea facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, por los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas».
También se modifica el Texto Refundido de la Ley de Inspecciones y Sanciones en el Orden Social para ampliar los sujetos responsables, «incluyendo a las entidades a las que se encomienda la organización de la formación de la empresa así como a los solicitantes de ayudas y subvenciones públicas», lo que incluye a las patronales que organicen agrupaciones de empresas.
Se establece, asimismo, la «responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones»-
Y, finalmente, se introduce la posibilidad de que los beneficiarios del sistema de formación profesional no puedan volver a serlo durante un periodo máximo de cinco años cuando la información cometida se refiera a a la formación profesional para el empleo.
Por otra parte, los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, confirmaron este lunes la disposición de las centrales a vincular la evolución de los salarios al PIB, como plantean las patronales CEOE y Cepyme, y también podrán aceptar aumentas salariales inferiores al 2% hasta 2016, con el objeto de poder cerrar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para el trienio 2015-2017.
