Fraude laboral: tres sentencias con penas de prisión por ofertas de empleo falsas, condiciones laborales precarias y apropiación indebida
En los últimos días, los tribunales han dictado tres sentencias en torno a sucesos fraudulentos en materia de legislación laboral y derechos de los trabajadores: uno de los casos relativo en concreto a ofertas de trabajo falsas, el otro por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y el tercero en un supuesto de apropiación indebida:
Ofertas de empleo falsas
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año de prisión a una mujer que cobró diversas cantidades de dinero a doce personas por ofertas de trabajo falsas. La Sala la considera culpable de un delito continuado de estafa y aprecia la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas.
Los hechos sucedieron entre los meses de julio y noviembre de 2009 cuando la condenada puso en locutorios y otros establecimientos de Onil, Castalla, Villena e Ibi anuncios con ofertas de trabajo en el sector de la hostelería. Como explica la sentencia, la mujer aprovechó la situación de crisis económica para encontrarse con los solicitantes de trabajo, a los que pedía dinero para el uniforme o las gestiones de acceso al supuesto empleo. En total, la mujer se quedó con 993 euros de diferentes personas.
En su resolución, la Audiencia estima parcialmente el recurso presentado por la condenada contra la sentencia de Penal 4 de Alicante, que la impuso dos años y tres meses de prisión. La Sala considera que no se pueden acreditar todas las entregas de dinero por las que se la condenó, por lo que le rebaja la pena inicialmente impuesta. Pinche aquí para acceder al comunicado emitido por el Consejo General del Poder Judicial sobre este caso.
Condiciones laborales precarias
Por su parte, la Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un ciudadano de origen chino a la pena de un año de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Los magistrados le suspenden además de empleo o cargo público y le imponen una multa de seis meses con cuota diaria de un euro (sentencia de la AP de Teruel de 5 de abril de 2018).
La Sala considera probado que el acusado contrató como albañiles a cinco hombres de origen chino y los sometió a un régimen de trabajo que suponía en la practica la privación de sus derechos laborales más elementales. Los perjudicados realizaban jornadas laborales a jornada completa siendo sus contratos de tiempo parcial y uno de ellos carecía de contrato de trabajo por encontrarse en situación irregular. Los trabajadores vivían, también, en las dependencias dentro de la obra donde comían y dormían en unos colchones tirados sobre el suelo en unas condiciones de falta de higiene y salubridad.
Con anterioridad, en marzo de 2016, el acusado había sido sancionado por los mismos hechos en vía administrativa por el Gobierno de Aragón con una multa de 48.576 euros y otra de la Subdelegación del Gobierno en Teruel de 10.308,90 euros. Pese a ello, la Audiencia Provincial de Teruel considera que aunque se haya declarado la responsabilidad en la Administración esto no impide la actuación de la jurisdicción penal. Para evitar una sobre punición de los hechos, los magistrados han tenido en consideración las sanciones previas impuestas por la Administración.
Apropiación indebida
Finalmente, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres años de prisión por un delito de apropiación indebida a un exconcejal de Fiestas del Ayuntamiento de Benetússer que se apropió de un millón ciento veinte mil euros de la empresa para la que trabajaba como contable. El exedil, que ha sido inhabilitado durante tres años, usó parte de ese dinero, 180.000 euros, para pagar a proveedores que prestaron servicios al Consistorio (sentencia de la AP de Valencia de 16 de marzo de 2018).
Los hechos sucedieron entre los años 2002 a 2005 cuando el condenado, jefe de administración de una empresa de Paterna, realizó transferencias a sus propias cuentas y destinó dinero para pagar a terceros que no tenían relación con el negocio. Con estos procedimientos, el hombre se llevó más de un millon ciento veinte mil euros, de los que destinó 180.000 euros a pagar a proveedores por servicios prestados al Ayuntamiento de Benetússer, del que fue Concejal de Festejos desde 1995 hasta 2006.
Cabe destacar que el fallo declara responsable civil al Ayuntamiento, que junto al condenado, deberá hacerse cargo del pago de los 180.000 euros.
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