01 Dic
canal ético

Game over: fin del plazo para implantar el Canal de Denuncias (empresas a partir de 50 personas trabajadoras)

Llegó el plazo. Hoy, 1 de diciembre, concluye el plazo dado para que las empresas de 50 a 249 trabajadores (incluyendo las que tengan justo 50, pese a los titulares e informaciones erróneas de muchos medios de comunicación que hablan de empresas de «más de 50») implanten un Canal Ético o Canal de Denuncias, en cumplimiento de la Ley de Informantes.

En concreto, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece expresamente lo siguiente (art. 10.1 de la Ley):

Estarán obligadas a disponer un Sistema interno de información en los términos previstos en esta ley:

a) Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más trabajadores.

Y hay que tener en cuenta que hay determinadas empresas y entidades obligadas a tener canal ético aunque no lleguen a la cifra de 50 personas trabajadoras (por ejemplo cuando «entre en juego» la normativa de blanqueo de capitales).

Asimismo, en la Disp. Transitoria Segunda de la Ley se establece como plazo máximo el 1 de diciembre:

Disposición transitoria segunda. Plazo máximo para el establecimiento de Sistemas internos de información y adaptación de los ya existentes.

2. Como excepción, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado con doscientos cuarenta y nueve trabajadores o menos, así como de los municipios de menos de diez mil habitantes, el plazo previsto en el párrafo anterior se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.

Sanciones: hasta 1 millón de euros

No tener el canal implantado en empresas obligadas a tenerlo no es una opción. Las compañías deben tener presente que incumplir la obligación de disponer de un Sistema interno de información en los términos exigidos en la ley constituye una infracción muy grave sancionable con multa de entre 600.001 y 1.000.000 euros.

Además, en caso de imposición de sanción muy grave, adicionalmente, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (pendiente de creación) podrá acordar la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años y prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años.

A esto se suma que las sanciones por infracciones muy graves impuestas a entidades jurídicas podrán ser publicadas en el BOE tras la firmeza de la resolución en víaadministrativa
En todo caso, y al margen de las consecuencias legales derivadas del incumplimiento (que pueden ser muy gravosas para cualquier empresa) fundamental ver el canal ético como una oportunidad de mejorar en materia de compliance y de desarrollar una cultura adecuada de cumplimiento.

Recodamos que el pasado mes de octubre organizamos un SincroGO Smart Talks, junto con PRODAT, explicando todos los requisitos para implantar con garantías un Canal de Denuncias. Pinche aquí para consultar la información.

Por: Estela Martín

Linkedin TopVoices España 2020. DirCom & RSC en ...

Buscar
Categorías
Loading

Llámanos