Hacia un enfoque integral para garantizar los derechos de las personas con discapacidad
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha abogado por un “enfoque integral que promueva los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias». Montón, que intervino el pasado lunes, 25 de junio, en la apertura de la Asamblea del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), trasladó a los asistentes de la entidades que forman parte del CERMI “la exigencia democrática del Ministerio de avanzar hacia la igualdad de oportunidades para el disfrute pleno de la ciudadanía”, con la vista puesta en alcanzar una sociedad inclusiva y accesible”.
Con ese fin se ha referido a distintos ámbitos de actuación de especial importancia como el sanitario, para prevenir la discapacidad y fomentar la autonomía de las personas; el educativo y el laboral, para fomentar la inserción; la accesibilidad, para eliminar barreras, y aquellas medidas de política social necesarias para garantizar la inclusión social y la igualdad.
La colaboración y el diálogo con las asociaciones y las políticas transversales entre distintos departamentos ministeriales y las Comunidades Autónomas también han sido algunos de los aspectos a los que hizo referencia la titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exclusión sistémica de las personas con discapacidad
Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, agradeció a la ministra en nombre del movimiento de la discapacidad que participase en la apertura de la Asamblea de Representantes del CERMI y celebró el “carácter dialogante del nuevo Gobierno”. Además, advirtió de que las personas con discapacidad todavía sufren “un déficit de ciudadanía” y declaró que “tenemos una agenda amplia, a veces estructural, porque nuestra exclusión ha sido sistémica”.
Entre las medidas más relevantes de la agenda de la discapacidad, Pérez Bueno trasladó a la ministra la urgencia de aprobar la convocatoria de las subvenciones con cargo al IRPF para garantizar la viabilidad de los proyectos sociales de miles de entidades, manteniendo al menos el tramo estatal del 20%.
Igualmente, dedicó un apartado a la autonomía personal y atención a la dependencia, recordando que el CERMI, en 2015, impulsó una iniciativa legislativa popular (ILP) para acabar con los criterios confiscatorios en estos servicios, logrando el apoyo de casi 750.000 españoles. En este punto, lamentó que la ILP haya estado bloqueada en el Congreso y reclamó que se reviertan recortes en la denominada cuarta pata del Estado del bienestar.
