Tres ministerios (Trabajo, Igualdad y Educación) anuncian cambios que afectan directamente a las empresas en materia laboral, formación y/o RRHH
Comparecencia de la ministra de Igualdad.
En las últimas semanas, tres ministerios (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Presidencia, Relaciones con las cortes e Igualdad y Ministerio de Educación) han anunciado cambios y medidas que afectarán directamente a las empresas en materia laboral y de gestión de personas. Los recopilamos en este post:
1. Ministerio de Trabajo
La ministra, Magdalena Valerio, compareció el pasado 10 de julio, por primera vez, ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de actuación que van a ser impulsadas desde su ministerio. En concreto, entre las prioridades se encuentran la consecución de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la recuperación de la negociación colectiva y la implementación de un Plan Director de lucha contra la Explotación Laboral.
Valerio avanzó también las líneas de trabajo a seguir en materia de inclusión laboral, en la eliminación de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, el refuerzo de la Inspección del Trabajo para vigilar el fraude y los incumplimientos, todo ello enmarcado en la consecución de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Uno de los objetivos muy concretos y que verán la luz a muy corto plazo, según destacó la ministra, es la implementación del Plan director de lucha contra la Explotación Laboral, una revisión inmediata de las políticas de seguridad y salud y la potenciación de las políticas activas de empleo y la protección de las personas desempleadas.
Y en lo que que respecta a la devaluación salarial y a la mejora de la protección por desempleo para las personas más vulnerables, la ministra señaló que “tenemos la obligación de promover y velar por las mejores condiciones posibles para las personas trabajadoras, una obligación a la que no podemos ni queremos sustraernos”.
A esto hay que añadir un plan de retorno del talento perdido durante la crisis con el fin de que jóvenes con gran formación que se fueron de España durante la crisis, vuelvan a nuestro país. En ese sentido, la ministra avanzó la puesta en marcha de una línea de estudio sobre este colectivo con un doble objetivo. El primero, obtener una foto de su situación actual: cuántos son, qué necesidades tienen, cuáles son sus demandas. El segundo objetivo, a partir de los resultados obtenidos de dicha foto, sería intentar construir las condiciones para su eventual retorno.
Por otro lado, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó el pasado 12 de julio, en la Comisión del Pacto de Toledo, las líneas de acción del Plan director de lucha contra la explotación laboral, que abordará la figura de los falsos autónomos, la temporalidad fraudulenta, y la brecha salarial entre hombre y mujeres, entre otras materias.
Respecto al Plan de lucha contra la explotación laboral, según explicó la ministra, la racionalización del gasto (necesidad de reordenar los ingresos y gastos de la Seguridad Social) debe ir acompañada de medidas para combatir el fraude de la Seguridad Social. Para ello, en breve el Gobierno va a aprobar un Plan Director contra la Explotación Laboral para el periodo 2018-2020.
Este plan abordará la lucha contra los falsos autónomos, la temporalidad fraudulenta, la infracotización en los trabajos a tiempo parcial, la brecha salarial entre mujeres y hombres, las horas extras no pagadas, las falsas cooperativas, los falsos becarios, las malas prácticas de determinadas empresas multiservicios, entre otras actuaciones.
En el ámbito de la cotización a la Seguridad Social, Valerio destacó la necesidad de recuperar cotizaciones perdidas por el sistema. Para ello, el Gobierno quiere que se cotice lo mismo con independencia de la duración del contrato, así como restituir la protecciones a los trabajadores a partir de los 52 años, edad que se elevó a los 55 en el año 2012.
Además, también se trabaja en reponer la cotización de las cuidadoras y cuidadores no profesionales en el Sistema Nacional de atención a las situaciones de dependencia, así como extender la acción protectora a los becarios y a los estudiantes que realicen prácticas en empresas.
2. Ministerio de Igualdad
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, anunció el pasado 12 de julio, que habrá una ley para que las empresas tengan una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Dicha ley, explicó Calvo, ya está registrada en el Congreso de los Diputados, “en la pista de salida” para su debate parlamentario. Además, explicó que habrá un plazo de tiempo, hasta el 2023, para que las empresas del ámbito privado se sumen a la norma y “podamos homologarnos a otros países europeos”.
Respecto a la ley, Calvo declaró que la presencia de hombres y mujeres en las empresas y sociedades mercantiles privadas tiene que cumplir la “equidad”. “Ninguna empresa puede funcionar sin la cualificación, sin el punto de vista y sin el poder de las mujeres” subrayó la ministra, que añadió que “es cuestión no sólo de justicia sino también de inteligencia”.
La ministra se mostró convencida de que la diversidad en las empresas atrae inversores que hoy quieren algo más que empresas rentables económicamente “quieren empresas comprometidas con el género, con la diversidad, con el medio ambiente, quieren empresas socialmente responsables”.
Ministerio de Educación
a ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, explicó el pasado 11 de julio, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados las principales “líneas maestras” y prioridades más destacadas para este ministerio. Una de ellas es que el Ejecutivo diseñará una Ley de Formación Profesional en la que se vinculen políticas de educación, FP, empleo y desarrollo económico.
Según aseguró la ministra en su comparecencia, “se hará una firme apuesta por la Formación profesional como motor del cambio del modelo productivo”. En este sentido, Celaá explicó que “se modernizará la Formación Profesional mediante un amplio acuerdo adaptado a las necesidades de la nueva economía y diseñando una oferta única, integrada y flexible. Es el momento de integrar los dos subsistemas de FP: el del sistema educativo y la formación para el empleo, con la coordinación en su regulación con el Ministerio de Trabajo y con la participación de agentes sociales, empresarios y sindicatos”.
Para lograr esta modernización, apuntó la ministra, se diseñará una Ley de Formación Profesional en la que vinculen políticas de educación, FP, empleo y desarrollo económico. De forma paralela y de manera inmediata se pondrá en marcha medidas como un nuevo catálogo único de cursos. Se realizarán, además, estudios sobre la oferta y demanda del mercado, se incluirán en la Formación Profesional las especialidades emergentes, se facilitarán las pasarelas entre las distintos grados de FP y se reactivará el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Para ello se convocará el Consejo General de la FP, pendiente de reunirse desde hace un año.
Asimismo, se revisará el modelo de FP Dualpara acometer una “regulación básica que permita organizar su regulación en todas las comunidades autónomas para evitar desigualdades”. “Debe contener una contraprestación económica, se deben regular los tiempos de estancia combinada en los entornos educativo y productivo y establecer de manera clara la relación contractual”. Además, se mejorará el nivel de cualificación y acreditación de los trabajadores y se impulsará un modelo integrado de orientación académico-profesional.
