Whistleblowing: más protección para los empleados que revelen información obtenida en el entorno laboral (Parlamento Europeo)
Whistleblowing: Las personas que revelen información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales o dañinas estarán más protegidas bajo la nueva ley europea aprobada hoy, 16 de abril de 2019.
Estándares europeos
Las nuevas normas, aprobadas con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones y ya acordadas con el Consejo, establecen estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones de la legislación comunitaria relativas a un amplio espectro de áreas como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.
Canales seguros para denunciar
Para asegurar que los potenciales delatores (whistleblowers) están protegidos y que la información que revelan mantiene la confidencialidad, la nueva ley permite que las denuncias se lleven a cabo internamente, ante la autoridad legal competente, o directamente ante las autoridades nacionales o las instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la UE competentes.
En los casos en los que no se tomen las medidas pertinentes ante la denuncia inicial de los delatores, o si éstos consideran que se puede causar un daño inminente a las personas interesadas o que hay riesgo de represalias, el delator también gozará de protección si decide denunciar las infracciones públicamente.
Protección contra las represalias
La ley prohíbe explícitamente las represalias e introduce mecanismos para impedir que los delatores sean suspendidos, degradados o intimidados. Las personas que cooperen con los delatores (intermediarios, compañeros o parientes) también estarán protegidos.
Los Estados miembros deberán asegurar que los delatores tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento.
Próximos pasos
La nueva ley necesita el respaldo de los ministros de los países de la UE. Después, los Estados miembros tendrán dos años para aplicar la normativa.
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