20 May
sentencias laborales 2021 retribución variable

Declarado nulo por discriminatorio el despido de una víctima de violencia de género acordado por su ex pareja (administrador de la empresa)

El TSJCV ha declarado nulo por discriminatorio el despido de una víctima de violencia de género, acordado por el administrador de la empresa, que era su expareja, después de que un juzgado le condenara por maltratarla y le impusiera una orden de alejamiento y prohibición de comunicación.

El TSJ (sent. del TSJ de la Comunidad Valenciana de 21 de abril de 2021) revoca el fallo del JS que declaró improcedente el despido, determinando que debe ser declarado nulo por discriminatorio.

El caso concreto enjuiciado

La mujer fue despedida el 17 de mayo de 2019, 11 días después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrevieja condenara a su ex compañero sentimental y administrador de la empresa en la que trabajaba como administrativa por un delito de malos tratos a, entre otras penas, la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella a menos de 300 metros durante dos años.

En la carta donde se comunicaba el cese, la dirección de la mercantil adujo precisamente esa condena y la “imposibilidad” de que la trabajadora pudiera “cumplir con su puesto de trabajo”.

Un juzgado de lo Social de Elche dictó sentencia en septiembre de 2020 y declaró el despido improcedente.

Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJCV ha estimado ahora parcialmente un recurso de suplicación de la empleada, ha declarado nulo el despido y ha condenado a la empresa a readmitirla en las mismas condiciones que regían antes de la extinción del contrato.

La sentencia del TSJ

El TSJ declara la nulidad en base a los siguientes motivos:

En primer lugar por la evidente conexión temporal entre el dictado de la resolución condenatoria del administrador de la empresa y el cese de la trabajadora.

Dicha vinculación temporal se refrenda posteriormente, cuando en la misiva por la que se comunicó el cese, se habla directamente del procedimiento penal iniciado tras la agresión, que culminó como ya avanzamos en sentencia condenatoria.

Si la imposibilidad de cumplir con el trabajo desempeñado viene motivada por la orden de alejamiento impuesta
al agresor, se ha de indicar que el cese acordado sanciona y castiga de nuevo a la victima de violencia de género, condición que sólo puede recaer sobre la mujer, y respecto a la que no se ha acordado medida restrictiva alguna en el ámbito penal.

Tanto la Ley de protección de las víctimas de violencia de género como el propio Estatuto de los Trabajadores, reconocen a la víctima un conjunto de medidas para garantizar su cuidado en el ámbito laboral.

Así, el art. 21 del a LOVG prevé que la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.

Todas las medidas normativas se instituyen como «opción» de la trabajadora, que no del agresor, para hacer efectiva una protección y tutela plena de su persona. Y lo que no puede pretenderse ni refrendarse por la empresa (deja claro la sentencia) es que, bajo el paraguas de una «imposibilidad de llevar a cabo su trabajo» hasta dicho momento
no constatada en ningún caso, y con una evidente conexión con el procedimiento seguido por malos tratos ante el Juzgado de violencia sobre la mujer, se ampare un cese evidentemente discriminatorio.

En definitiva, el cese operado es claramente discriminatorio. Frente a una sentencia condenatoria del agresor, administrador de la sociedad para la que trabaja la empleada , se adopta una medida claramente perjudicial para la trabajadora, mujer, en detrimento de la posición del empresario que, mantiene intacta su posición en la jerarquía empresarial, sin adoptarse medida alguna frente al mismo.

El TSJ condena además a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 6.250 euros por una vulneración de su derecho fundamental a la igualdad por razón de sexo.

Por: Estela Martín

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