25 Jun
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¿Peligra el contrato fijo de obra? El TJUE alerta del abuso del encadenamiento de contratos

El contrato fijo de obra en el centro de la polémica tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 24 de junio de 2021. 

Lo primero: qué es el contrato fijo de obra

El contrato fijo de obra o servicio determinado es una variación del contrato de obra o servicio determinado regulado en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

A esto se suma la regulación en el artículo 24 del Convenio colectivo general del sector de la construcción (BOE de 26 de septiembre de 2017).

Entre otros, ese art. 24 dispone lo siguiente:

Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con independencia de su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra. Su formalización se hará siempre por escrito.

Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo 15.1 a) del E.T., continuando manteniendo los trabajadores la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión empresarial del 44 del E.T. o de subrogación regulado en el artículo 27 del presente Convenio General.

Por su parte, el artículo 27 del Convenio regula la:

«Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado»

La sentencia del TJUE

Asunto C‑550/19,

Tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 14 de Madrid, mediante auto de 4 de julio de 2019, recibido en el Tribunal de Justicia el 17 de julio de 2019.

El TJUE determina lo siguiente:

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar si la limitación a tres años consecutivos, salvo que concurran determinadas condiciones, del empleo de los trabajadores de duración determinada ocupados con contratos «fijos de obra» por una misma empresa en distintos centros de trabajo dentro de la misma provincia y la concesión a estos trabajadores de una indemnización por cese — constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada.

En cualquier caso, tal normativa nacional no puede ser aplicada por las autoridades del Estado miembro de que se trata de un modo tal que la renovación de sucesivos contratos de duración determinada «fijos de obra» se considere justificada por «razones objetivas» meramente porque cada uno de esos contratos se suscriba con carácter general para una sola obra, con independencia de su duración.

Esto es así, deja claro el TJUE, puesto que tal normativa nacional no impide, en la práctica, a las empresas que traten de atender a través de dicha renovación necesidades de personal permanentes y estables.

El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional conforme a la cual, cuando se produce una subrogación de personal en el marco de contratos públicos, los derechos y obligaciones del trabajador subrogado que la empresa entrante está obligada a respetar se limitan exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por ese trabajador con la empresa saliente.

Esto es así, advierte el TJUE, siempre y cuando la aplicación de dicha normativa no tenga como efecto colocarlo en una posición menos favorable por el mero hecho de esa subrogación, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

Valoración

El TJUE deja en manos de los jueces delimitar los posibles abusos derivados de la utilización del contrato fijo de obra.

Por tanto, habrá que estar muy pendientes de cómo incorporan lo dispuesto por el TJUE los tribunales españoles.

Por: Estela Martín

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