01 Feb
despido y vacaciones cogerse los días

El Tribunal Supremo declara lícito el registro del despacho de un trabajador tras una auditoría que justifica la actuación de la empresa

Despido disciplinario: El TS ratifica la sentencia que declaró la licitud de la prueba (registro de la mesa del despacho de un trabajador) al entender que existió una auditoría previa que justifica la actuación empresarial y que no cabe equiparación en este caso con el registro de la taquilla del art. 18 del ET (sent. del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2022).

Nota: El art. 18 del ET dispone expresamente lo siguiente:

«Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo.

En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible».

El caso concreto enjuiciado

La cuestión a resolver es la de determinar si la empresa ha obtenido válidamente las pruebas que dieron origen a las posteriores pesquisas que culminaron en el despido disciplinario del trabajador.

El trabajador presta servicios como director de sucursal de una entidad bancaria, en la que se realiza una auditoría en materia de prevención de blanqueo de capitales el 8/8/2017.

El auditor actuante informa posteriormente que en dicha oficina se podría estar incumpliendo la normativa de protección de datos, dada la gran cantidad de documentación de clientes que había podido observar a la vista en la mesa del director.

A raíz de ese informe se decidió hacer una auditoría en la sucursal el martes 5/9/2017, sin avisar previamente.

A tal efecto se personó ese día a las 8 de la mañana una auditora del banco. El trabajador no estaba presente porque el viernes anterior había llamado a la subdirección para notificar que se cogía vacaciones.

En esa oficina se guardan en el despacho de dirección todos los expedientes de los clientes de la sucursal, en armarios que están abiertos y sin llaves. En los armarios que hay detrás de las cajas se guardan únicamente los formularios.

En la balda inferior de uno de los armarios del despacho de dirección se encontró una bolsa negra con un joyero, y en su interior, anillos, pulseras y collares.

Ante ese hallazgo se avisó a un superior de la empresa, tras lo que se encontró una documentación judicial de un litigio en el que era parte el demandante.

Encima de la mesa del director se encontraron 36 documentos de reintegro de cuenta en efectivo que estaban firmados por los clientes y en blanco, así como otra clase de documentos de reconocimiento de deudas, y en los cajones de la mesa dinero en efectivo por importe superior a 15.000 euros.

En la posterior investigación realizada tras esos hallazgos se identifican los hechos en los que se sustenta el despido.

La sentencia del juzgado de lo social considera que la empresa no ha incurrido en ninguna irregularidad en la recopilación de dichas pruebas y califica el despido como procedente.

El recurso de suplicación del trabajador es desestimado en la sentencia de la Sala Social del TSJ de Madrid de 12 de noviembre de 2018, rec. 552/2018, frente a la que formula el recurso de casación unificadora.

El único motivo del recurso denuncia infracción del art. 18 ET, para sostener que la empresa habría conseguido ilícitamente aquellos elementos probatorios, con vulneración del derecho fundamental a la intimidad del demandante, tras llevar a cabo el registro de su despacho sin respetar las garantías legales a las que debe sujetarse este tipo de actuaciones.

Invoca de contraste la sentencia de la Sala Social del TSJ de Castilla-La Mancha de 16 de septiembre de 1999, rec. 5 33/1999.

La sentencia del Supremo

El TS desestima el recurso interpuesto por el trabajador y ratifica la sentencia del TSJ de Madrid. Entiende el TS que entre la sentencia recurrida y la referencial no hay contradicción porque son supuestos diferentes.

Las dos sentencias en comparación han alcanzado una distinta solución, y es indiscutible que en ambos asuntos concurren elementos coincidentes. Ahora bien, deja claro el TS, se trata de dos supuestos diferentes con trascendentes diferencias que justifican el distinto fallo:

Se trata de determinar si la actuación de la empresa respeta los parámetros de legalidad que impone el art. 18 ET, y por ello es esencial que el registro se hubiere realizado «sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares».

En el supuesto de la recurrida el registro se produce en el despacho de dirección, pero queda expresamente probado que se trata del lugar en el que se guardan los expedientes de todos los clientes de la oficina, en armarios que están cerrados y sin llaves, a los que tienen acceso todos los empleados de la oficina.

En tales armarios, y encima de la propia mesa del despacho es donde se encontraron los documentos que sirven de arranque a la posterior investigación.

Y este es el motivo por el que la sentencia recurrida ha entendido que de ninguna forma se trata de un espacio de uso privado del trabajador, al que se le pudiere atribuir una categoría jurídica similar a la que contempla el art. 18 ET para su taquilla y efectos personales.

A esto debemos añadir que la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo no era previsible, ni fue buscada de propósito por la empresa para efectuar el registro, sino que obedece a la propia actuación del interesado que sorpresivamente decide pedir vacaciones dos días antes, contra la práctica habitual de disfrutarlas en agosto.

Y en este asunto, además, la inspección de la oficina encuentra causa justificada en la realización de la anterior auditoría, en la que se había observado un posible incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, por la ingente cantidad de documentos a la vista observados encima de la mesa del trabajador.

Además, en el caso actual, aparecen diferentes datos inculpatorios en espacios comunes que son utilizados por todos los trabajadores, así como en documentos abiertos a la vista encima de la mesa utilizada por el trabajador, con lo que se da la circunstancia de que la fuente primigenia de la prueba no es exclusivamente un espacio privativo que pudiere admitir el calificativo de pertenencias personales del trabajador.

Es verdad, reconoce la sentencia del TS, que también se registran los cajones de la mesa en los que se descubren otros elementos de prueba comprometedores, pero aun asumiendo que este último registro pudiere afectar a pertenencias personales – al igual que en asunto de la referencial- , lo cierto es que son varias las fuentes de los que surgen las pruebas que desatan la ulterior investigación de la empresa, y no estamos en consecuencia ante una sola y única fuente de prueba cuya eventual ilegalidad contamine la totalidad de las obtenidas posteriormente.

En definitiva, concluye el Supremo, estamos de esta forma ante hechos sustancialmente diferentes que justifican el distinto pronunciamiento alcanzado a la hora de decidir la mayor o menor privacidad del espacio sobre el que opera el registro efectuado por la empresa, en orden a determinar si pudiere haberse producido una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal del trabajador en razón de las diversas circunstancias concurrentes en cada caso, que inciden directamente en la legalidad de la actuación empresarial conforme a las exigencias que impone a tal efecto el art. 18 ET, para valorar en su globalidad si ha excedido los límites a los que debe sujetarse para no invadir ilegítimamente aquel derecho.

Por todo ello, se desestima el recurso interpuesto por la defensa del trabajador.

 

Por: Estela Martín

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